Es grave la crisis de la IPS Universitaria y el cierre parcial de la Clínica León XIII, referente en el área metropolitana. Se requiere decisión política para detener el aumento de las deudas.
Tomado de: www.elcolombiano.com (Editorial del 27 de diciembre de 2018)
Hay alerta amarilla decretada por la Secretaría de Salud de Antioquia ante la crisis generada por el cierre parcial de la clínica León XIII, en Medellín, y de los problemas financieros de la IPS Universitaria, que es la que opera ese centro neurálgico de atención en salud a miles de pacientes.
Y es desde ese conglomerado de pacientes -sean afiliados o beneficiarios, tanto del sistema contributivo como del subsidiado- que hay que hacer el análisis de las implicaciones que tiene la actual situación de crisis.
Hay un evidente problema financiero derivado del impago cruzado de deudas, que ha escalado a pleitos ante los juzgados. Un asunto de enorme complejidad que obviamente hay que procesar y resolver. Pero, como decimos, habría que empezar por los efectos en los usuarios.
Según datos suministrados por la propia IPS Universitaria, practican 1.055 cirugías mensuales y unas 3.970 urgencias. Y en particular, la Clínica León XIII es un referente de atención hospitalaria y de urgencias médicas para el área metropolitana. Su cierre obliga, como lo reconoce la Secretaría de Salud de Antioquia, a una alerta a los demás prestadores de servicios en la red hospitalaria para asistir a los pacientes que puedan llegar tras encontrar suspendidos los servicios de la IPS Universitaria y la León XIII.
Con este eje de actuación pendiente, es ineludible pasar a los números. La IPS Universitaria, según datos suministrados por la misma organización, adeuda pagos del orden de los $214.000 millones. De ellos, $14.000 millones son pagos atrasados por salarios de sus propios trabajadores correspondientes a noviembre y diciembre de 2018.
Pero, a su vez, a la IPS Universitaria le deben $392.000 millones. Según su directora, la institución requiere al menos $17.000 millones para estabilizar la prestación de servicios y de $28.000 millones para seguir funcionando. Mientras no le abonen, no tiene forma de pagar sus deudas. Una espiral o círculo vicioso que torna insoluble semejante crisis.
El Sindicato Antioqueño de Anestesiología, Anestesiar, es una entidades a las que se le deben pagos del orden de los $6.345 millones ($5.661, según un comunicado de prensa de la IPS Universitaria del pasado 21 de diciembre). En uso de sus derechos, acudió a la justicia para obtener orden de pago coactivo, y el juez ordenó el embargo de algunas cuentas.
Tiene razón el director Ejecutivo de Anestesiar al lamentar que su acción jurídica, que es legal y legítima, se quiera hacer pasar como una conducta destinada a afectar el pago de los salarios del personal de la IPS Universitaria. Aunque las consecuencias del embargo sean indeseadas, no es el reclamante de un pago que debe hacerse el directo responsable de esos daños colaterales.
También la IPS Universitaria tiene legitimidad para buscar jurídica y judicialmente el pago de lo que le deben. Por supuesto que sería ideal llegar a acuerdos de pago para evitar litigios. Y de haber negativa de los deudores para pactar condiciones razonables de pago, debe haber una intervención gubernamental, respaldada en una sólida voluntad política para hacer cesar esa cultura del no pago y de la morosidad, muchas veces deliberada, a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Al final, quienes corren con las peores consecuencias son los empleados y, obviamente, los usuarios del sistema de salud.
Tomado de: www.elcolombiano.com (Editorial del 27 de diciembre de 2018)
