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Gobernadores piden al procurador su intervención para recuperar los excedentes del impuesto al cigarrillo

Aseguran que hay un grave riesgo de desfinanciación de la salud

Tomado de: www.eldiariodesalud.com

Los gobernadores le pidieron al Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, una intervención inmediata para que las entidades territoriales puedan contar con los excedentes del impuesto al consumo al cigarrillo, pues aseguran que de otra manera se vería desfinanciada la prestación del servicio de salud, especialmente para los beneficiarios del régimen subsidiado.

En una carta dirigida al jefe del Ministerio Público, el presidente de la Federación Nacional de Departamentos (FND), Carlos Julio González, y su director ejecutivo, Carlos Felipe Córdoba, pidieron un acompañamiento especial del organismo de control para que el nuevo Gobierno Nacional permita hacer los ajustes que, consideran, requiere el decreto 2265 de 2010 que reglamentó la operación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

La misiva indica que el 15 de enero se llegó a un acuerdo inicial entre comisiones de los ministerios de Hacienda y Salud y de los departamentos sobre el contenido del nuevo decreto, pero que, sin embargo, no fue cumplido. Destacan que uno de los puntos clave del acuerdo ratificaba que los excedentes, es decir los mayores recaudos de las rentas cedidas a los departamentos, serían de propiedad de éstos y que sus rendimientos se abonarían a los compromisos de cofinanciación del sistema de salud.

La Federación afirma que, en reuniones posteriores, celebradas el 24 de enero, el 21 de febrero, el 30 de abril y el 3 de julio, la esencia del acuerdo inicial se fue desvirtuando y la discusión se centró finalmente en la posibilidad de que Gobierno Nacional y entidades territoriales compartieran el recaudo nacional al impuesto al cigarrillo. El Ministerio de Hacienda, añade, planteó dudas en el sentido de que las reglas sobre el manejo de los excedentes pudieran ser fijadas por decreto, pese a que la ley establece que los recursos pertenecen a las entidades territoriales.

Para la FND, "de persistir la situación, las entidades territoriales verán seriamente licitada su capacidad para enfrentar problemas tan urgentes como los que plantean los cobros y de dudas de servicios no POS y la necesidad de prestar a cabalidad al servicio de salud, consagrado como derecho fundamental, especialmente a las comunidades más vulnerables que se benefician del régimen subsidiado".

Tomado de: www.eldiariodesalud.com



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