SERVICIOS

Del monopolio público al monopolio privado

Por doctor Carlos Gaviria Díaz
Presidente Nacional del PDA

Ante la liquidación del Instituto de Seguros Sociales, el Polo Democrático Alternativo a través de su Presidente, Carlos Gaviria, hace público una vez más su rechazo al proceso de privatización y mercantilización de la salud en Colombia.

Desde la reforma al sistema de salud con la Ley 100 de 1993, la opción política por la que avanzó el país fue pasar de un modelo de seguro social de predominio público a un mercado regulado de aseguramiento, tanto en salud como en pensiones y riesgos profesionales.  Tal decisión significó quebrar el monopolio público que ostentaba el Instituto de Seguros Sociales para abrir el mercado de la seguridad social a agentes privados, con ánimo de lucro y en competencia de mercado, aunque con mecanismos de regulación sofisticados.

Dicho modelo obligaba a todas las entidades públicas que participaban en la seguridad social y en la prestación de servicios de salud a comportarse como agentes de mercado con capacidad de competencia con los agentes privados.  Pero las condiciones para sobrevivir en medio de este ambiente de competencia han sido totalmente desfavorables para las entidades públicas, tanto del aseguramiento como de la prestación de servicios.  No de otra forma se explica que las EPS públicas hayan sucumbido, que se hayan cerrado tantos hospitales públicos y que hoy estemos presenciando la muerte anunciada del Seguro Social.  Estas condiciones desfavorables han resultado de un conjunto de decisiones, erradas desde nuestro punto de vista pero coherentes y deliberadas desde el modelo vigente, de limitación de los agentes públicos a favor de los privados, hoy dueños del negocio en su totalidad.  Si en 1996 el ISS contaba con diez millones de afiliados en salud y las EPS sólo con tres millones, hoy vemos el panorama exactamente contrario.  Y con la decisión de liquidar el ISS, se ha consolidado el paso del monopolio público al monopolio privado, como decisión política de mediano plazo.

Todo apunta a que se trataba de un acuerdo político tácito de muerte lenta, pues el ISS nunca tuvo las condiciones adecuadas para sostenerse en el ambiente de una competencia adversa.  Por el contrario, la deuda del aporte estatal definido desde su origen y acumulada en el tiempo nunca fue pagada: en 2001, el Ministerio de Hacienda y el Sindicato de trabajadores del ISS la estimaron en $58.8 billones.  El sistema de información para identificar con claridad a sus afiliados y recibir las capitaciones correspondientes de la cuenta de compensación del FOSYGA nunca se desarrolló, a pesar de varios miles de millones invertidos en tal propósito.

Los afiliados de mayores ingresos salieron del ISS hacia las EPS privadas y, poco a poco, el ISS se quedó con los pacientes más costosos y de menores aportes, asunto que debió evitar el sistema por diversos mecanismos normativos y jurídicos, pero que nunca desarrollo el flamante Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud, dominado por las EPS privadas.  Tampoco hubo mecanismos de compensación adicionales como varias veces se presentó ante el mismo Consejo por parte de los diferentes presidentes de la entidad.  Para completar, la integración vertical que permitiría controlar los sobrecostos de los contratos abiertos con prestadores privados se rompió con la decisión de separar los negocios, en el gobierno de Andrés Pastrana, y de crear la Empresa Social del Estado (ESE) Luis Carlos Galán Sarmiento, como un conjunto de clínicas autónomas a medias sin capacidad de entrar realmente en el mercado de los prestadores.  Entre tanto, las EPS privadas iniciaron su escalada de construcción de clínicas propias y desarrollaron su propia integración vertical que hoy ven apenas restringida con el reciente maquillaje hecho a la Ley 100.

La estocada final resultó, como ha ocurrido con varios hospitales, de la decisión de la Superintendencia Nacional de Salud que aplicó las normas de solvencia de la EPS del ISS, como nunca antes las ha aplicado a EPS privadas, y desconociendo en cambio el Decreto 3085 de 2003 que lo obligaba a informar y consultar al Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud antes de decretar una nueva sanción o suspensión a una EPS.  En lugar de fortalecer al actor más importante para la regulación de un mercado en el que predomina el lucro por encima de las necesidades de salud de la población, los gobiernos han hecho o han dejado de hacer todo para retirar a los agentes públicos del mercado del aseguramiento.  Ya no hay talanqueras.  Ahora habrá que ver si los agentes privados son capaces de atender los miles de pacientes con VIH-SIDA, con enfermedad renal terminal y con cáncer que atendía el ISS.  Con seguridad, harán el lobby necesario para aumentar la UPC en estos casos y hacer viable financieramente su participación en este tipo de atención.  Si no es rentable, morirán muchos pacientes por estas enfermedades, en medio de una opción de regulación que ha mostrado sus grandes deficiencias, a través del enorme número de tutelas por servicios definidos en el POS y no prestados por las EPS.  La decisión de los directivos de las Cajas de Compensación, entidades seleccionadas por el actual gobierno para conformar la EPS que reemplazaría al ISS, de no entrar en la empresa si no tienen el control mayoritario del negocio, deja bien a las claras que lo que está en juego no es la mayor cobertura, la mejor calidad y el bienestar de los colombianos y colombianas sino, simple y llanamente, el productivo negocio de las enfermedades.

La sociedad colombiana debe definir si sostener los privilegios de los dueños del negocio es el camino que prefiere seguir.  O si, por el contrario, examina seriamente el modelo actual para construir verdaderas opciones que pongan la salud de las personas por encima del negocio del aseguramiento y de la prestación de servicios.  No se trata de sostener crisis institucionales eternamente.  Se trata de retomar el predominio público de la garantía del derecho a la salud, con reorganizaciones institucionales que permitan hacer realidad el derecho, evitando que los agentes de la salud continúen su orientación mercantil, por encima de la salud de la población.

El Polo Democrático Alternativo, cuya bancada ha defendido una reforma substancial al modelo de salud y seguridad social y se ha opuesto a la liquidación del ISS, hace público una vez más su rechazo al proceso de privatización y mercantilización de la salud.  De conformidad con la declaración Política de su Congreso, exitosamente realizado a finales del año pasado, denuncia la reciente reforma a la Ley 100 por cuanto “ratifica el vulgar negocio en que el neoliberalismo convirtió la salud, a pesar de haberse comprobado que esa concepción aumenta la enfermedad y la muerte en el país”.  Y, tal como lo manifestamos el 16 de agosto del año pasado en nuestro pronunciamiento sobre la liquidación de Empresas Sociales del Estado y del Seguro Social: “El llamado es a la construcción de un nuevo consenso social del que emerja la voluntad política para defender la seguridad social de carácter público y al Seguro Social como ente asegurador y prestador de servicios de salud, así como de pensiones y riesgos profesionales, en el marco de una seguridad social integral, en el entendido de que cumple funciones de equilibrio del sistema de seguridad social y es un factor de equidad”.

Tomado del periódico Momento Médico #89, enero - febrero de 2007, de Asmedas Antioquia.