Martes, 21 de Noviembre de 2017

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Pensiones y desprotección social

Tomado de: www.juspen.com

Por Carlos Alberto Giraldo Giraldo
Médico Psiquiatra y Politólogo

Uno de los fenómenos más notorios de la evolución del pensamiento económico es hacer a un lado el supuesto de los clásicos de la economía de que la ética es esencial a la economía. Sobre todo para las nuevas generaciones de economistas, aquellos que han copado los espacios de poder y que por tanto intervienen en la toma de decisiones. Para ellos la meta fundamental es buscar el bienestar del capital por encima del bien común. El bienestar del capital segrega el bien común, y si no, se trata de daños colaterales. Esta ecuación inspira las políticas públicas de previsión social en nuestro país y, en general, en los países latinoamericanos. El resultado es que, de esta manera, en vez de protección social, lo que se genera es desprotección social.

En contrario, la teoría política clásica hace una propuesta basada en consideraciones de moral pública según la cual para lograr la democratización real, se requiere que el Estado de derecho se constituya como Estado de Justicia. No la justicia en el sentido del aparato judicial tan deslegitimado en nuestro país, sino que dirija su acción hacia una auténtica voluntad de justicia que incluya junto a la política, la democracia social y económica.

Estas dos visiones son las que se confrontan cuando se habla del modelo de seguridad social colombiano, para lo que nos interesa el sistema de pensiones: la una busca el bienestar del capital y la otra el bienestar de los ciudadanos.

Uno de los nombres del bien común –que es una categoría antigua- es Protección Social. Pero protección social no es cualquier cosa. La Organización Internacional de Trabajo (OIT) precisa:

“El acceso a un nivel adecuado de protección social es un derecho fundamental de todos los individuos reconocido por las normas Internacionales del trabajo y por las Naciones Unidas. Además, es considerado un instrumento para la promoción del bienestar humano y el consenso social, que favorece la paz social y es indispensable para lograrla, y por lo tanto para mejorar el crecimiento equitativo, la estabilidad social y el desempeño económico, contribuyendo a la competitividad.”

En nuestro país la protección social es interpretada como la administración del riesgo que debe asumir cada ciudadano para proveerse su seguridad, económica en este caso; y el asistencialismo para la legión de ciudadanos que han sucumbido ante el riesgo por su ubicación marginal en el mundo del trabajo.

Los sectores para los cuales prima el bienestar del capital están auspiciando la unificación de las políticas en pensiones, promoviendo el régimen de Ahorro Individual como sistema único. Esto equivale a la promoción de una ciudadanía patrimonial, según la expresión del profesor César Giraldo (2007) que conduce a que los derechos sociales de las personas dependan del patrimonio que hayan acumulado, lo que hayan recogido a lo largo de la vida y depositado en las instituciones financieras de seguridad social. La trampa está en que esos mismos sectores promueven la informalidad, la intermediación laboral y la desaparición de la relación salarial para promover el bienestar del capital, lo que afecta las posibilidades de acceso a la protección social.

Queda a quienes defendemos un Estado de Justicia y creemos que una adecuada protección social es el camino para la construcción de la verdadera democracia: los sectores sociales, los trabajadores y la ciudadanía en general, defender la idea de que la protección social es una forma privilegiada de distribución de los bienes sociales que debe tener un predominio público y ser universal, colectivo y solidario.

Sobre esta base es que debe examinarse el actual sistema de pensiones y proponer su reforma.

Tomado de: www.juspen.com





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