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Urge verdad, justicia y reparación con las víctimas de la violencia antisindical

Tomado de: www.ens.org.co

Este 9 de abril se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas; una fecha para recordar y dignificar las víctimas de la violencia general en Colombia, y en nuestro caso particular la violencia antisindical, la cual el sindicalismo colombiano, más que cualquier otro movimiento social, ha padecido durante más de cuatro décadas. Con el agravante de que el 95% de los crímenes y violaciones se encuentra en la impunidad.

Todo esto deja un gran saldo en términos de reparación, esclarecimiento y reconstrucción de la memoria sobre los hechos de violencia padecidos por el movimiento sindical. De manera prioritaria, y como medida reparadora, se requiere que el Estado y el empresariado modifiquen sus políticas y contribuyan a modificar la conducta y cultura antisindical que se ha instalado en la sociedad colombiana.

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Las cifras

Según el registro del Sistema de Información de Derechos Humanos de la ENS, desde el 1° de enero de 1973 hasta el 6 de abril de 2018 se han registrado al menos 14.637 violaciones a la vida, libertad e integridad cometidas contra sindicalistas. Entre éstas, 3.149 homicidios (2.822 hombres y 327 mujeres), 399 atentados contra la vida, 238 desapariciones forzadas, 7.166 amenazas de muerte y 1.897 desplazamientos forzados. Cerca de la tercera parte de los sindicalistas que perdieron la vida, 911, eran dirigentes de sus sindicatos.

Pero más allá de estas cifras, que en sí mismas resultan alarmantes, y de todas maneras presentan subregistro, la violencia ha afectado a unas 487 organizaciones sindicales, causándoles graves daños e impactos individuales y colectivos.

Cabe anotar que la violencia antisindical persiste a pesar del Acuerdo de Paz. Se trata de una violencia histórica, sistemática y selectiva, que hoy sigue siendo una de las más graves violaciones a los derechos humanos y a la libertad sindical en Colombia y en el mundo.

Durante el año 2017 se documentaron 212 violaciones, 22 homicidio entre ellas, dos casos más que en 2016. Como también resulta preocupante que quienes más resultaron afectados por estas violaciones en los útlimos años son activisas, directivos y defensores de derechos humanos de los sindicatos. En 2017 estos hechos alcanzaron el 82,5%.

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Y en lo que va de 2018 se registran 2 homicidios y otras 36 violaciones más contra sindicalistas, como se detalla en el siguiente cuadro:

 

Los retos

Ahora, la implementación del Sistema de Justicia Transicional que se derivó del Acuerdo de paz Gobierno-Farc, abre nuevos escenarios a favor de las víctimas individuales y colectivas.

Por las dimensiones de la violencia antisindical, sus impactos y sus víctimas individuales y colectivas, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), deberían acoger los casos del movimiento sindical como sujetos priorizados para su intervención y contribución al esclarecimiento.

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La CEV y la JEP son escenarios fundamentales para que el sindicalismo, mediante la incidencia y la participación, persista en su reclamo verdad, justicia y reparación integral, y exija garantías de no repetición para las víctimas de la violencia antisindical, incluyendo a las organizaciones y al sindicalismo como víctima colectiva.

Uno de los mayores retos y desafíos es lograr que el Caso Sindical, o los macro-casos del sindicalismo, sean priorizado por la CEV y por la JEP. Y a la vez que a las víctimas de la violencia antisindical se les garantice una participación amplia, plural, efectiva y desde los territorios, y que sus diversas voces sean escuchadas. El sindicalismo debe contar con audiencias específicas en al menos seis regiones/departamentos, teniendo en cuenta que el 90% de la violencia antisindical se concentró en 6 departamentos.

Ante la Comisión de la Verdad el sindicalismo tiene la oportunidad de aportar propuestas metodológicas, insumos, informes y relatos para contribuir en varios temas:

1. El esclarecimiento de lo ocurrido con la violencia antisindical en el conflicto armado, mediante la identificación de hipótesis, análisis de contexto e identificación de los déficit de verdad.

2. El reconocimiento de las víctimas y de los responsables de la violencia antisindical, por acción, colaboración y omisión).

3. La participación de las víctimas y de los victimarios en acciones reparadoras, a fin de promover la reconciliación y la convivencia en los territorios.

4. Establecer los compromisos del Estado y del empresariado para superar las prácticas de estigmatización y cultura antisindical, permitiendo y facilitando el ejercicio efectivo del derecho a la sindicalización y la negociación colectiva a nivel de empresa, de grupo empresarial, por sector o industrial y a nivel territorial y nacional.

Por otra parte, en la JEP el movimiento sindical tendrá un nuevo escenario para reclamar la aplicación efectiva y pronta de justicia que esclarezca los hechos, sanciones a los responsables y de esta manera se demuestre con resultados ciertos la superación de la impunidad sistemática que se registra hasta ahora.

Permitiendo y facilitando el acceso de las organizaciones sindicales víctimas y a los familiares de las víctimas, se avanza en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, y a la vez se atienden compromisos internacionales del Estado colombiano en materia de violencia antisindical, especialmente los contenidos en el Plan de Acción Laboral que se suscribió en el marco el TLC Colombia-EEUU, en la Resolución 2628 de 2012 del Parlamento Europeo, y los compromisos derivados del proceso de admisión de Colombia a la OCDE.

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En cuanto a la violencia antisindical que aún persiste, así haya disminuido levemente, consideramos muy precarios los avances de las investigaciones para el esclarecimiento y sanción de los victimarios. Falta mucho en la tarea de develar los móviles de los hechos y sus responsables, así como la adopción de medidas efectivas que eviten la ocurrencia de nuevos hechos de violencia. Sobre el esclarecimiento de los hechos en cada caso, el sindicalismo ha puesto un énfasis especial en establecer las responsabilidades de los terceros civiles o funcionarios, quienes deberían concurrir ante el sistema de justicia. Todo un reto para la JEP.

Se requieren igualmente medidas de protección eficaces, mecanismos de seguimiento interinstitucional, como la Comisión de Derechos Humanos de los Trabajadores y la puesta en marcha de la Mesa de Concertación para la Reparación Colectiva del Movimiento Sindical (Decreto 624 de 2016), la cual debió ser instalada según el compromiso del Presidente Santos, pero a la fecha eso no ha ocurrido. También es necesario brindarles asistencia técnica a las organizaciones sindicales a fin de que tengan mejores capacidades metodológicas y técnicas para participar del proceso de verdad e incidir ante la CEV y la JEP.

El 9 de abril es un día para reivindicar la memoria y proclamar que las víctimas de la violencia antisindical y muchas víctimas de líderes sociales merecen hoy, y todos los días, la solidaridad y el reconocimiento de la sociedad colombiana. Es también un día para reivindicar que el movimiento sindical continúa en su lucha incesante por los derechos de sus víctimas a la verdad y a la memoria, y persiste en la defensa de los derechos laborales y sindicales.

Tomado de: www.ens.org.co




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