El médico... ¿culpable por omisión?

Por Bernardo Ledesma Gil
Médico Cirujano Ortopedista

“Algunas EPS y el SOAT matan más gente que la guerra interna en nuestro país’’.
(Frase reiterativa en los cafetines médicos).

Por médico Bernardo Ledesma G.
Cirujano Ortopedista
Bledesma1206@yahoo.es

La situación actual que vive nuestro país, con la penosa atmósfera de inseguridad y el clima de tensión que asfixia nuestro entorno, exigen que los profesionales de la salud reflexionemos seriamente no sólo sobre el presente, sino también sobre el futuro de nuestro ejercicio profesional, compartiendo estas cavilaciones con nuestros alumnos de las facultades de Medicina y con tantos colegas médicos vapuleados no sólo por el penoso ambiente laboral que tenemos que soportar presionados por la innegable crisis económica y el deterioro de nuestras instituciones médicas, llámense clínicas, hospitales municipales, o ESE (Que con “H” corresponde a la “M”, que es en lo que las han convertido).

Estas entidades han sido las principales víctimas del flagelo de la corrupción y de las políticas erróneas en el manejo de los establecimientos de salud; sus presupuestos han sido sustituidos por las prioridades de la guerra interna y se ha derogado el principal de los derechos humanos, el derecho a la atención en salud y, por ende, el derecho a la vida misma.

Sería bueno preguntarle a nuestros gobernantes de turno, ¿cuál muerto es más importante, si el que mata la guerrilla, las autodefensas o el ejército, o la señora que fallece por un Carcinoma de Mama invasivo a quien un buen médico general le había encontrado un nódulo mamario, le solicita con ”urgencia” los exámenes diagnósticos elementales que a él en la EPS le permiten pedir?  Esos exámenes los viene a ver el médico por lo menos un mes después.  Confirma que la situación puede ser grave y la remite al especialista quien, para atender pacientes de la EPS, sólo dispone de citas en uno o dos meses.  Cuando el especialista, ginecólogo o cirujano, logra evaluarla, le solicita una mamografía (la que el médico general podría haber solicitado para adelantar trabajo, pero no lo hizo porque la auditoría de la EPS únicamente permite que este estudio lo solicite el especialista).  A continuación, la empresa que toma la mamografía puede demorarse un mes más, tratando de presionar a la EPS para que le cancele las facturas vencidas y, cuando el ginecólogo, o el cirujano oncólogo, vuelve a evaluarla un mes más tarde, porque su consultorio está congestionado con un gran volumen de pacientes que le remite la EPS, y ante la sospecha de un Adenocarcinoma de mama, y con buen juicio médico, solicita la orden para una biopsia; esta orden debe pasar por la oficina del auditor médico, un sabelotodo, a quien la EPS le exige que haga lo posible por economizar, glosando cuentas y rechazando solicitudes de exámenes y de procedimientos, valiéndose, en muchas de las veces, de absurdos obstáculos, el primero de ellos, anexando la solicitud a una voluminosa montaña de órdenes pendientes para autorizar y, así, cuando a la manoseada solicitud le llegue el turno, el auditor, un médico general con un curso administrativo en auditoría médica, debe calificar y definir si el especialista, que por lo regular la está pidiendo basado en su buen criterio médico, tiene o no razón para solicitar el procedimiento, porque, para la entidad, parece que todos los médicos deben ser sospechosos de tratar de malversar sus fondos.  Este trámite puede demorar de días a varias semanas.

Cuando, por fin, la paciente regresa a donde el especialista para que le programe la tan esperada biopsia, debe cumplir con la espera de otro turno: El turno de cirugía, otras dos o tres semanas.  La biopsia es reportada como de alta malignidad, por lo que la paciente va a requerir una mastectomía radical pero antes de esa programación se debe someter a otros exámenes más completos, para evaluar sistémicamente, y estos nuevos estudios pueden demorar otro mes, sometidos a toda la tramitología ya mencionada, y cuando el médico lee estos exámenes, resulta que la paciente tiene metástasis pulmonares o en columna, con un pésimo pronóstico.

En conclusión, esta paciente, como les puede ocurrir a muchos otros con diferentes enfermedades, perdió varios meses mientras el cáncer avanzaba y, seguramente, va a fallecer.  El médico y el cirujano que, en muchos de los casos, no son culpables de esta penosa situación, son quienes deben enfrentar a la familia de la paciente para darles la infausta noticia: ”Ya no hay nada que hacer, porque la paciente está invadida por el cáncer”.  Y… ¿Quién tuvo la culpa?  ¿Fue un error médico?  Nada raro que al especialista lo juzguen y lo condenen: “Por omisión”.

Muchas de estas entidades prestadoras se han convertido en negocios empresariales que, incluso, compiten por los primeros puestos en el ranking de las empresas más ricas de Colombia.

Es un tema ya reiterativo que la Ley 100 masificó la atención médica sin contar con quienes somos los actores principales en esta tragicomedia: Los profesionales de la salud y las instituciones hospitalarias, tanto privadas como gubernamentales, que van sucumbiendo ante la imposibilidad de continuar con un régimen absurdo que atenta, no sólo contra la calidad de los servicios médicos, sino también contra su propia supervivencia económica.

Excelente que en nuestro país haya un cubrimiento total para la población más desprotegida.  Ideal que el POS fuera gratuito.  Esa es la obligación del Estado.  Pero, ¿por qué tenemos que ser nosotros, los médicos y demás profesionales de la salud, los que la subsidiemos y, fuera de eso, expongamos nuestro buen nombre mientras los directamente responsables están evadiendo su responsabilidad, al tiempo que llenan sus arcas?

Todos somos consientes, y muchos lo han denunciado, que las políticas de salud de la Ley 100 simplemente están aumentando la discriminación social porque a los usuarios del SOAT, del POS y del SISBEN, en la mayoría de los casos, se les está engañando, aportándoles una medicina de pésima calidad.

Al médico se le obliga, así, a ejercer su profesión también en una forma discriminatoria, diferente a la que aprendió en la universidad y, por qué no decirlo, también diferente a la que ejerce en su práctica privada, en la que puede disponer de su tiempo y solicitar los exámenes necesarios para un buen diagnóstico, sin ninguna restricción.  Los insumos que le permiten estas entidades son, en más de los casos, de mala calidad (en muchos quirófanos hay carteleras donde le indican textualmente: ”Doctor, si su paciente es de EPS, sólo puede utilizar tales suturas”.  Todas baratas y de dudosa calidad.  Casi le exigen que suture con ”cabuya”.  Una vez tuve una paciente operada de una cadera en una clínica grande de la ciudad de Medellín y, cuando fui a revisarla al día siguiente, la paciente gritaba del dolor y me quedé sorprendido cuando la enfermera, ya acostumbrada a esta inhumana situación, me contestó con una frialdad impresionante cuál había sido la razón por la que no le habían colocado ninguno de los analgésicos que yo le había ordenado para su postoperatorio: “Doctor, la EPS no cubre esos medicamentos porque no están en el POS”.  Y lo más absurdo es que la enfermera no está autorizada para sugerirle a los familiares del enfermo que compren el medicamento ordenado que no está en la lista de medicamentos POS porque, si así lo hiciera, estaría ”desacreditando” a la EPS respectiva, la cual puede sancionar a la clínica, incluso retirándole el contrato.

En cuanto al tiempo restringido que le asignan al médico para atender y estudiar a sus pacientes, a pesar de que la gran mayoría de los galenos está inconforme con esta injusticia, éstos se ven obligados a cumplir este mandato para poder sobrevivir con salarios mínimos, si se compara con los salarios de otros profesionales e, incluso, con los de los tecnólogos, quienes tienen que realizar menos estudios que los que se requieren para obtener el título de médico.

Otra absurda situación es la que frecuentemente enfrentan los médicos de urgencias en muchas entidades, al ser testigos y partícipes involuntarios, por no decir ”cómplices”, de un sinnúmero de infamias que se cometen, no sólo por parte de muchas EPS, sino del mal llamado Seguro (entiéndase Inseguro) Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), cuando los pacientes que son víctimas de un accidente de tránsito se encuentran, muchas veces, con un ambiente inhumano de rechazo que inicia con los mismos porteros de las instituciones, los que, al fin de cuentas, están actuando en muchas entidades como clasificadores de la gravedad de la urgencia, lo que ha llevado a que frecuentemente se presenten historias de pacientes que mueren mientras le suplican al portero que los deje pasar.

Y, ni qué decir del personal, tanto médico como paramédico, el cual, en muchos de los casos, y ante los volúmenes inusitados de pacientes, se ve obligado a asumir una actitud más que inhumana, presionado y entrenado por las administraciones de las mismas para que invente alguna justificación que evite el ingreso del paciente que a la entidad correspondiente no le convenga económicamente; y en ese caso, los médicos y paramédicos le dan un trato discriminatorio porque si por suerte logra ingresar, se establece una responsabilidad ineludible e, incluso, demandable legalmente, en caso de negar la atención:  Que no hay habitaciones, que no hay UCI, etcétera, convirtiendo al  incauto y desprevenido paciente en una víctima del absurdo sistema que establece que, hasta que no se agoten los presupuestos asignados por el SOAT, con tarifas ínfimas, que en muchos de los casos dejan perdidas económicas para la entidad, la aseguradora o las entidades de medicina prepagada no empezarán a responder por su contrato.  Peor en los casos en que el paciente no tiene ninguna otra protección, y ese es el temor de las IPS porque, si se trata de una persona que no cuenta con recursos propios para continuar con el tratamiento, la clínica y el profesional perderían su remuneración.

Ese es el bien conocido por la prensa amarillista famoso “paseo de la muerte”, al que se han visto sometidos muchos pacientes graves que son rechazados por una serie de clínicas supuestamente por no tener disponibilidad para atender la urgencia, por los motivos ya expuestos que, en más de los casos, son falsos, pero realmente son pacientes víctimas del rechazo inhumano por pertenecer al SOAT o a determinada EPS que ya tienen en la lista ”negra” por su incumplimiento con los míseros pagos.  Muchos de estos pacientes fallecen en el “paseo” por toda la ciudad, en una ambulancia o en un vehículo público, mendigando la atención oportuna a la que legalmente tienen derecho, sin llegar a conocer las razones oscuras y perversas por las que no fueron atendidos.  Me pregunto, ¿hasta cuándo los médicos honestos continuaremos siendo espectadores y mudos cómplices de estas injusticias sociales?

Lo más grave, y además inverosímil, es que muchas de las empresas que venden el SOAT y el POS son las dueñas de las mismas entidades que comercializan la medicina prepagada y las aseguradoras, y evaden en gran parte la responsabilidad adquirida al iniciar el contrato para la prestación de una atención con calidad, que está lejos de ser siquiera similar a la que le proporciona el SOAT o el POS con sus mínimas tarifas.

Para nadie es un secreto lo ocurrido en el Congreso de la República con la reforma a la Ley 100 de 1993 con la que se pretendía, entre otras cosas, prohibirles a las empresas que venden salud ser dueñas de más del 30% de las clínicas o de los laboratorios para remitirse ellas mismas los afiliados, lo que evidencia un manejo sesgado porque, aunque en muchos de los casos no se logre comprobar mala calidad, ellos se convierten en sus propios clientes en el negocio de la salud.  Uno no debe ser juez y parte.  Y las cosas siguen igual, las EPS continúan construyendo sus propias clínicas.

Y es aquí donde queda el médico honorable e idóneo, con sus principios éticos, involucrado en un negocio del que, inevitablemente, sale mal librado y en muchos casos demandado, mientras los intermediarios de salud, esos que no ponen la cara en el evento urgente, disfrutan del suculento manjar que les deja el engaño y quedan en limpio, guardando las grandes ganancias y dejándoles al profesional médico y a las clínicas las migajas del banquete.  Esas tarifas de las EPS y del SOAT, en muchos de los casos de intervenciones quirúrgicas, corresponden al 10% de los honorarios que normalmente recibe un profesional médico que ejerce la medicina privada.  Y un porcentaje menor, pero más digno, con las tarifas de las empresas de medicina prepagada y las aseguradoras.

De esta forma, quedan abandonados, no sólo los pacientes, sino también las clínicas y los médicos, y tiene que afrontar todas las dificultades que esta política absurda les deja como herencia: Los pacientes poniendo tutelas y los médicos asumiendo toda la responsabilidad civil que la empresa de medicina debía afrontar.

Es evidente, entonces, que esas precarias condiciones de trabajo han sido las culpables de que muchos médicos, de manera involuntaria, hayan disminuido la calidad de la atención, obligados por las circunstancias enunciadas a atender volúmenes inusitados de pacientes a quienes les brindan una atención superficial sacrificando, en muchos de los casos, la idoneidad y la ética médica, y olvidando la atención humanitaria y el arte de la medicina.  El paciente se ha convertido en un cliente y el profesional en un proveedor que, cándidamente, termina implicado en una situación que, en muchos de los casos, puede afectar su integridad física o involucrarlo en graves problemas de tipo legal.

Este es el lamentable e injusto panorama laboral que les espera a muchos de los futuros médicos, los que, desgraciadamente y debido a las bajas remuneraciones, se verán obligados a correr de una entidad a otra para poder cumplir con sus necesidades básicas y las de su familia.  Pero, esto ocurre no sólo en el campo económico sino, también, en la práctica profesional, porque puede ocurrir que el médico, por temor de anquilosarse técnicamente por falta de pacientes en su consultorio, acepte el trabajo a pesar de no estar de acuerdo con sus condiciones.

Y, como si fuera poco, a este lánguido futuro laboral de los médicos debemos sumarle la gran proliferación de escuelas de Medicina que, de manera irresponsable, sin contar con los recursos necesarios y sin tener los sitios adecuados para las prácticas, han abierto sus puertas como si no se tratara de preparar individuos que van a trabajar con la salud y con la vida humana, sino como si se tratara de cualquier negocio comercial.

Finalmente, y después de exponer someramente la problemática ya conocida por todos, y entendiendo que el gremio médico se encuentra cada vez más desamparado, sólo nos queda enfatizar en la necesidad de que, quienes hacemos parte de dicho gremio, de manera individual, nos pellizquemos y tomemos una actitud de defensiva contra la rapacidad de los comerciantes de la salud que, sin ningún escrúpulo, continuarán manipulando y sacrificando la dignidad y la calidad humana, características de los que, por fortuna, escogimos una profesión regida por principios fundamentalmente humanitarios.