Cátedra abierta

El derecho constitucional a un empleo digno

Por Eduardo Cano G.
Médico Salubrista

Sigue siendo claro que el crecimiento económico no resuelve automáticamente el problema de la redistribución de los ingresos, al mismo tiempo que sigue siendo patente la ausencia, en nuestro país, de instrumentos políticos, económicos y legales que obliguen a la articulación solidaria entre lo económico y lo social, desarrollando el Artículo 25 de la Carta Constitucional del 91 que dice:  “El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades, de la protección especial del Estado.  Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.

Resulta cada vez más evidente que la articulación entre el sistema económico y la sociedad aparece más irracional, deficitaria e injusta, algo que en América Latina hace comprensibles los esfuerzos de Venezuela por allanar el camino a un nuevo modelo de sociedad que termine con la vergüenza, en pleno Siglo XXI, de la exclusión de las grandes mayorías nacionales.

Porque la exclusión del trabajo digno y de los beneficios del bienestar es una bofetada que los más poderosos lanzan a la cara de los menos favorecidos, ya se viva el problema en entornos familiares, grupales o sociales, por democráticos y respetables que se crean o se sientan los actores particulares o generales de esta tragedia.

Y es que la sociedad actual, y en especial en aquellas en donde el modelo neoliberal se ha aceptado e introducido con todo el brutal dogmatismo del consenso de Washington, nos ha mostrado con obscena desnudez su verdadera naturaleza.

“La flexibilización del mercado de trabajo ha favorecido una cierta movilidad a cambio de un debilitamiento de los vínculos sociales, como la lealtad, la responsabilidad o la cohesión.  La desreglamentación social reviste una multitud de formas, desde las ilegales -trabajo clandestino, falsa jubilación, externalización del empleo poco cualificado en empresas que no respetan el derecho al trabajo-, hasta aquella fragilidad general del trabajo que englobamos en el término “precarización”.  Este tipo de procesos dan a entender que la sinergia entre el desarrollo económico y el desarrollo de la sociedad no es algo evidente; cabe, incluso, pensar que el crecimiento ingobernado de la economía destruye el tejido social de igual modo que degrada el entorno natural” (1).

La estructura económica neoliberal produce unas exclusiones que no pueden aceptarse bajo el paradigma de que el sistema económico es relativamente independiente del sistema social ya que los problemas de la redistribución sólo pueden corregirse a largo plazo o con base en aseguramientos y subsidios por parte del Estado.

Por ejemplo, el aumento del desempleo y la aparición de nuevas modalidades de pobreza han adquirido dimensiones y formas inéditas.  El desempleo de larga duración; el desempleo de personal altamente calificado, con su secuela del éxodo de trabajadores hacia otros países; el deterioro de la calidad de vida de las clases medias; las altas tasas de subempleo; las personas sin domicilio fijo que van de región en región buscando una mano caritativa que las ocupe, suponen una exclusión radical y, en especial, suponen un fenómeno aberrante que hace que muchos no se sientan excluidos porque sobreviven en oficios “precarios”, en tanto que sus condiciones laborales son infames, como sucede en el caso del empleo informal en nuestro país (sin derecho a ningún tipo de seguridad social) que alcanza al 60% de los ocupados.

Justamente, podemos pues preguntarnos: ¿Cómo crear en esta forma una sociedad democrática, justa y sin graves conflictos internos y, en especial, sin violencia?

“La pertenencia a una sociedad no implica que se ejerza solamente un régimen de solidaridad.  Hay un principio más radical de utilidad recíproca que vincula a sus miembros; el reconocimiento de la utilidad social es más importante que la recepción de una indemnización económica.  El empleo es, precisamente, un modo excepcional para conciliar autonomía y pertenencia a la sociedad.  El empleo es un lugar de reconocimiento social que garantiza, a la vez, la autonomía personal y la integración social.  Con la privación del empleo desaparece un vector de reconocimiento de sí y una experiencia de cooperación” (2).

Pero ya nadie discute que la estructura del mercado de trabajo, armada sobre el poderoso instrumento del desarrollo tecnológico, y de la desregulación laboral, de la cual nos ha dado sendas muestras el señor Álvaro Uribe Vélez, la primera vez como senador y la segunda como presidente, amenaza con una descalificación social duradera sobre amplios sectores de la población, los cuales no tendrán esperanza, en ningún momento, de integrarse a la sociedad a través de una relación laboral legal, como lo exigen los tratados internacionales.

Una sociedad organizada sobre estos presupuestos es una sociedad que, además de injusta, es explosiva y nunca podrá asegurar la paz por ningún camino conocido.  Por esto hay que luchar para restablecer el mecanismo de la inserción social por el trabajo, como piedra angular de una lucha contra la exclusión, más allá de cualquier sistema de indemnización por beneficioso que éste parezca ser.

Los subsidios económicos del Estado, como expresión del aseguramiento social, precario e incompleto, no podrán llevarnos más allá de una sociedad jerarquizada en empresarios, inversionistas dueños del capital y de los medios de producción, cuyo negocio crece año tras año y quienes reciben inmensos beneficios; unos pocos ciudadanos empleados por aquellos, con una relación laboral estable, y la gran mayoría de la población en la base de desempleados y excluidos, algunos con pequeños subsidios y, en el peor de los casos, muy seguramente sin ningún subsidio y librados al azar de la brutalidad de un sistema neoliberal cada vez más sediento de ganancias.

Y en el caso de los bajos salarios, acuden al ejemplo de la China para demostrarnos que si allá se hace aquí también se puede hacer.  Pero, si la China viene haciendo algo semejante, lo ha podido hacer porque desde hace mucho tiempo la gran mayoría de su población tiene asegurados unos derechos sociales básicos y también gratuitos: ”Las instituciones sociales que crearon los comunistas, incluyendo el sistema de vivienda, las escuelas y la red de atención sanitaria, supusieron una sangría para los recursos del Estado.  Pero, al ofrecérselos a la población, aunque fuera a un nivel elemental, los comunistas acabaron ahorrándoles a los incipientes capitalistas el precio de crear una fuerza de trabajo” (3).

Y, lo más importante, debemos agregar nosotros, el establecimiento de una política de seguridad alimentaria que, desde el año 2005, no permite que nadie muera de hambre, en ese extenso país, ha posibilitado que se paguen salarios bajos y competitivos.

Por lo tanto, para países como el nuestro, que carecen de políticas sociales básicas y en donde aún mueren cientos de niños de desnutrición proteico calórica, la reivindicación del derecho al trabajo bien remunerado continúa siendo una exigencia fundamental para crear una fuerza de trabajo digna que no puede ser compensada por ninguna prestación económica, proveniente del Estado.

1- Innerarity, Daniel.  Una economía de la hospitalidad.  Revista ANTHROPOS, Huellas del conocimiento.  Número 188, año 2000.  Barcelona.

2- Innerarity, Daniel.  Opus cit.

3- Ted C. Fihsman.  CHINA S. A.  Primera edición en castellano.  Marzo del 2006.  Editorial Randon House Mondadori, S. A.  Barcelona.