Voluntad política del Gobierno salvaría al Seguro Social

Por médico Luis Fernando Muñoz R.
Especialista en Salud Ocupacional
Especialista en Cultura Política

Para sustentar esta aseveración, es conveniente tener presente que los problemas del Seguro Social, agudizados por el modelo de capitación impuesto por la Ley 100 de 1993, tienen que ver con el manejo financiero; la deuda histórica de la nación, hoy tasada en $60 billones; la evasión y elusión de aportes al ISS por parte de los empleadores, los cuales representan el 35%; la atención del 85% de los pacientes con enfermedades catastróficas (Sida, Cáncer, Insuficiencia renal, insuficiencia cardiaca, etc.) cuyo costo es cercano a los $300 mil millones anuales; la atención a 44 mil pacientes con estas enfermedades, sin que el Estado le reconozca el valor real de la unidad de pago por capitación. Además, durante la sanción política de 39 meses (del año 1998 al 2001) impuesta por la Supersalud, por obra y magia de la corrupción, aparecieron afiliados 7.500 nuevos pacientes con enfermedades catastróficas; en el mismo periodo de la sanción se desafiliaron del Seguro Social 4 millones 500 mil personas dejando de recibir recursos por valor de casi $3 billones. También contribuye a la crisis del Seguro Social el modelo de atención asistencialista imperante que no promueve la prevención de la enfermedad y no hace promoción de la salud, así como la misma voracidad de los diferentes gobiernos que siempre se han aprovechado sus recursos financieros en beneficio propio.

Se agudiza aún más la situación del ISS con la decisión del actual Gobierno de liquidar (escindir) en 2003 la IPS mediante un proceso de eliminación de las clínicas y los centros de atención ambulatoria que lo conformaban, y convirtiéndolos en siete (7) Empresas Sociales del Estado (ESE) con el pretexto de mejorar la prestación de los servicios de salud. Pero ocurrió lo contrario ya que los servicios se deterioraron pues el Gobierno no dio los recursos necesarios para su funcionamiento, despidió miles de trabajadores y nombró gerentes con criterio politiquero y clientelista, dando continuidad al proceso de marchitamiento del Instituto, lo que le ha permitido tratar de justificar el escenario actual consistente en liquidar o reestructurar todas las ESE.

Para colmo de males, en días pasados, el presidente Uribe crea el pánico financiero y social al tomar la decisión de revocar la licencia de funcionamiento a la EPS del ISS para no permitir más afiliaciones; y, al mismo tiempo, de liquidarla dejando sin protección a sus cerca de 3 millones 200 mil afiliados, y crear una nueva EPS con la participación de las cajas de compensación familiar y la Previsora Vida: Además, de contera plantea liquidar, sin ninguna argumentación válida, la ARP-ISS a sabiendas que hoy es un negocio rentable con ganancias cercanas a los $150 mil millones anuales; que posee $3.2 billones en reservas, que atiende a casi 1 millón 700 mil afiliados y a 286 mil empresas -las que representan el 75% de todas las empresas nacionales- y hoy tiene sólo 270 trabajadores de planta en todo el país. El propósito del Gobierno consiste, pues, en que la ARP-ISS sea subsumida por la ARP Previsora, la cual atiende actualmente a 100 mil afiliados y a 2 mil empresas y carece de la basta experiencia en salud ocupacional y riesgos profesionales que tiene la ARP- Seguro Social. Por lo tanto, lo más lógico sería que la ARP-ISS subsumiera a la ARP-PREVISORA.

Revisemos el aparente déficit financiero del Seguro Social en la EPS, el cual asciende a $400 mil millones: las deudas contraídas durante los dos últimos años por las entidades estatales al mismo Seguro Social son de $730 mil millones de pesos; además, a la EPS del Seguro Social le corresponde pagar a sus propios jubilados $30 mil millones, obligación que no tienen las EPS privadas. De lo anterior, se deduce que si las entidades estatales cancelan al Seguro Social sus deudas a la fecha, y se liberan los dineros de los ex funcionarios (jubilados), la EPS ISS tendría un superávit superior a los $500 mil millones, lo que demostraría su viabilidad financiera, la cual se incrementaría si el Gobierno nacional se comprometiera a pagarle la deuda histórica que hoy asciende a $60 billones. Por lo tanto, se desvirtúa el único cargo en contra del ISS en el cual la Supersalud se basó para aplicar la sanción.

Llama la atención que justo cuando el Seguro Social empezaba un proceso de franca recuperación a través de la aplicación del Convenio de Desempeño, acordado con la Contraloría General de la Nación, tal como lo muestran las cifras presentadas por la presidencia del ISS a finales del año 2006 (en salud hubo 105.098 nuevos afiliados, en pensiones 185.000 y en riesgos profesionales 220.000), el Gobierno decide liquidarlo sin justa razón pero sí obedeciendo a su “corazón grande” para con el sector financiero privado.

Así lo expresa el Superintendente Nacional de Salud el 15 de enero de 2007, en su “Documento de Evaluación de la EPS del ISS en atención a la Investigación Administrativa ordenada mediante auto 1229 del 8 de septiembre de 2006, abierta por la Supersalud”: “De los cargos imputados por la Superintendencia Nacional de Salud, la mayoría fueron claramente desvirtuados… Por lo que respecta a los otros cargos formulados, no se encuentra una gravedad suficiente como para proceder a suspender o revocar la licencia de funcionamiento de la EPS del ISS, o tan siquiera a tomar otras medidas como las ya indicadas en las consideraciones legales efectuadas en este documento”. Lo anterior demuestra que la sanción al ISS es una medida arbitraria y de carácter netamente político.

La liquidación del ISS afectará aún más el funcionamiento de las empresas sociales del Estado (ESE) creadas en el año 2003 por el Decreto 1750, ya que la contratación con éstas corresponde hoy al 80%, lo que significa que, sin el funcionamiento de ISS, éstas correrían el riesgo de desaparecer.

Señor presidente Uribe, así como usted tomó la decisión política y dio la orden al Superintendente Nacional de Salud de suspender la licencia de funcionamiento de la EPS del Seguro Social, dígnese tomar la decisión política de ordenar la revocatoria de dicha sanción (Resolución 028 del 15 de enero de 2007) y darle cumplimiento al punto 60 de su manifiesto que dice: “NECESITAMOS SALVAR AL SEGURO SOCIAL PORQUE LA OPCIÓN PÚBLICA ES ESENCIAL EN EL ESQUEMA DE EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD.” A no ser que usted quiera que se le recuerde a través de la historia como el verdugo del Seguro Social.

Colofón: Mientras que, por un lado, el Gobierno, con su tal política de seguridad democrática se gasta diariamente $50 mil millones en la guerra, por el otro, el mismo gobierno dice que no hay dinero para salvar al Seguro Social ni para pagar su deuda para con éste.